Para la delegación paraguaya en Costa Rica, el trasfondo de la demanda por supuesto terrorismo de estado es claramente obtener dinero del Estado Paraguayo ya que piden que se condene al Paraguay a pagar 63 millones de dólares para Juan Arrom, Anuncio Martí y sus familias.
El Ministro Procurador General de la República, Sergio Coscia, explicó que el informe médico que presentaron en su momento carece de validez porque no reunía los mínimos requisitos establecidos en el ordenamiento legal del Paraguay, pero que aun así, fue admitido en el proceso.
“Es un informe médico privado, realizado por sus amigos y allegados de la época, que carece totalmente de sustento científico y no prueba absolutamente nada y fue incorporado al expediente judicial aun sin reunir las formalidades requeridas en la ley paraguaya”, expresó Coscia. Resaltó que los mismos firmantes del informe médico, años después, ya en función de gobierno, pidieron la revocatoria del estado de refugiados de Arrom y Martí y su extradición, para que respondan ante la justicia paraguaya por el crimen de secuestro.
“Las mismas personas que en algún momento fueron los artífices de publicar en la prensa opiniones a favor de Arrom y de Martí fueron las que después, llegados al gobierno, y habiendo confirmado que lo que ocurrió era falso, fueron los primeros en solicitar la revocatoria de su status de refugiado. El caso del propio Presidente Fernando Lugo, el Ministro del Interior Rafael Filizzola y el Ministro de Relaciones Exteriores (Héctor Lacognata), quien fue uno de los firmantes de su certificado médico, él mismo solicitó después que se revoque su estado de refugiado y que ellos se sometan a la justicia”, explicó. Agregó que está más que comprobado que la demanda al Estado Paraguayo se basa en falsedades y que el fallo pone a prueba todo el sistema de derechos humanos.
“Está probado que lo que dicen estas personas es mentira, está probado que no existió tortura, está probado además que el Estado no tuvo participación en estos hechos. Si tenemos un Sistema Interamericano de Derechos Humanos que lo que tiene que hacer es proteger los derechos humanos, y condena a un país en estos términos, es totalmente injusto. No podemos tener una Corte inquisidora”, afirmó el Ministro Procurador. Para los representantes del Estado ante la Corte IDH, el interés de esta demanda es simple y llanamente económico.
“El interés es económico. Juan Arrom pidió una indemnización por ser víctima de la dictadura con el mismo informe psiquiátrico con el que está demandando ahora al Estado Paraguayo. Acá no hay un interés ideológico, no hay nada, estas personas quieren dinero, no hay ninguna otra explicación lógica”, finalizó el Procurador.
San José, Costa Rica, 06 de febrero de 2019
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