Hace exactamente un año el 1 de junio de 2016 en este mismo recinto, el Consejo Permanente emitió la primera declaración de este organismo sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Hace un año ofrecíamos nuestra mejor disposición para encontrar algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a la situación mediante un diálogo abierto e incluyente entre el Gobierno y otros actores políticos y sociales de esa nación, para preservar la paz y la seguridad en Venezuela.

Se confió y apoyó todas las iniciativas de dialogo, las iniciativas ofrecidas en el ámbito nacional entre los propios venezolanos y aquellas impulsadas por actores de la comunidad internacional.

Un año después nos encontramos en este recinto con un panorama desolador, más de setenta muertos, un centenar de heridos, presos políticos, una crisis de salud y alimentos agravada a niveles sin precedentes, el desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos, una descomunal represión a ciudadanos que reclaman de su gobierno garantías previstas en su Constitución Nacional. Lamentablemente los hechos confirmaron el escepticismo que nuestra Delegación tuvo un año atrás.

Este desalentador panorama nos obliga a agotar todos los recursos para prevenir que el enfrentamiento político que ha provocando esta lamentable situación, siga empeorando. La comunidad internacional no estuvo, no está y no estará indiferente a la grave crisis política, social y económica que vive uno de los países de la región. No se puede escudar en el principio de no intervención, cuando el accionar de la comunidad internacional busca defender principios democráticos y derechos humanos fundamentales.

La responsabilidad de la comunidad internacional deviene de principios y valores democráticos consignados en instrumentos internacionales que todos los Estados suscribimos en pleno ejercicio de nuestras respectivas voluntades soberanas. Los preceptos de la Carta Democrática Interamericana fueron aceptados por todos y sus presupuestos deben ser cumplidos por todos los Estados. Venezuela no es la excepción.

La grave alteración del orden democrático e institucional en Venezuela contravienen los presupuestos indispensables de la democracia representativa, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos, en especial el respeto de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional. Lamentablemente somos testigos del constante y progresivo deterioro de todos estos elementos en Venezuela.

Lamentamos profundamente que la única alternativa que ofrece el Gobierno de Venezuela sea su aislamiento. Esperamos que reconsideren su posición y que los responsables primarios de la situación que vive el pueblo venezolano puedan sentarse hoy a buscar soluciones posibles.

Hacemos un llamado al cese inmediato de la violencia, el derecho de manifestación pacífica y libertad de expresión es un derecho consagrado, las detenciones arbitrarias, el uso de la fuerza desproporcional, la utilización de la jurisdicción militar contra civiles, son graves violaciones de los derechos humanos.

Nos sumamos al llamado a las autoridades venezolanas a que cumplan con la liberación de presos políticos, al respeto de las competencias constitucionales y a la elaboración del calendario electoral, con la presencia de observadores internacionales independientes.

Confiamos una vez más en la instalación de un proceso de diálogo y negociación que conduzca a un acuerdo político amplio, con un calendario de acciones concretas, y garantías que aseguren su implementación, con el fin de recuperar el orden democrático y la paz social lo antes posible, y alcanzar el bienestar de la nación.

Esperamos, esta vez, no sentirnos defraudados en nuestra buena fe y genuina disposición de encontrar salidas concretas a los graves desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta Venezuela.

Washington D.C., 31 de mayo de 2017

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