Tras desarrollar cuatro días de intenso trabajo en el marco de la visita oficial al país, el comisionado Joel Hernández, vicepresidente y relator para Paraguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), efectuó un balance preliminar del resultado de sus reuniones. En conferencia de prensa ofrecida en la sede de la Cancillería Nacional, detalló los problemas estructurales que persisten, pero destacó la apertura y el apoyo de las autoridades nacionales, desde el más alto nivel, para abordar las deficiencias y la intención que existe de encontrar soluciones a dichas falencias.
El comisionado visitó nuestro país por una invitaciónque le cursara el propio Gobierno Nacional, en el marco de la invitación abierta y permanente a los órganos de derechos humanos que mantiene el Paraguay.
En su único contacto con la prensa nacional, además de destacar la apertura y el apoyo gubernamental, el comisionado reconoció el esfuerzo de funcionarios de instituciones del Estado para afrontar los desafíos propios de la agenda, así como la participación de la sociedad civil.
En relación a las deficiencias halladas, dijo que en cuando a las garantías de los derechos de niñas, niños y adolescentes la Comisión recibió la alarmante información sobre el elevado número de niñas embarazadas en Paraguay, incluyendo una considerable cifra de niñas de entre 10 a 14 años, con secuelas de violencia sexual cometidas, en muchos de los casos, por parte de familiares.
Hizo un llamado al Estado a revisitar la decisión de eliminar la enseñanza de género en las escuelas. Además, en los caso de abuso sexual en niñas y adolescentes la Comisión urge al Estado a investigar y sancionar a los responsables.
También puntualizó sobre los criadazgos, los feminicidios, la intolerancia y la discriminación sexual.
Una especial mención mereció la emergencia en que vive el sistema carcelario en el país, así como los problemas de malos tratos y torturas que llegan a ser denunciados. El sistema carcelario cuenta con 15.196 personas privadas de su libertad, de las cuales el 74% se encuentran sin condena, recordó.
No obstante, Hernández puntualizó que tras la visita a instituciones del Estado, comprobó que la institucionalidad de los derechos humanos se trasunta en las unidades especializas existentes en los tres poderes del Estado. Este andamiaje permite dotar de perspectiva de derechos humanos a las políticas públicas, indicó.
Al respecto, señaló que la CIDH exhorta al Estado paraguayo a fortalecer estas instancias y dotarlas de recursos suficientes.
“La comisión saluda la voluntad del Estado paraguayo para avanzar en la implementación de los compromisos asumidos en los diferentes acuerdos de solución amistosa en proceso de negociación e implementación, y le insta a continuar desplegando esfuerzos hasta su total cumplimiento”, declaró Hernández.
En las mismas pudo obtener información relativa a los derechos humanos en el país, en particular en relación a la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; de las mujeres; temas del derecho a la igualdad y no discriminación; de los indígenas; del tema de memoria verdad y justicia; y de las personas privadas de la libertad; sectores en los cuales existen desafíos estructurales en los cuales el gobierno está empeñado en resolver.
Asimismo, el Comisionado valoró los esfuerzos del Estado paraguayo en la construcción de una política de búsqueda de solución amistosa de los asuntos en trámite en el sistema de peticiones y casos individuales, la cual se ve reflejada en la participación del Estado en las reuniones de trabajo, en el cumplimiento de lo pactado y en el acercamiento respetuoso a los representantes de las víctimas.
Finalmente, el comisionado Hernández agradeció a las autoridades del Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a las agencias internacionales y al pueblo paraguayo, su colaboración en el desarrollo de esta visita, y aseguró que los insumos recibidos serán importantes para fortalecer el trabajo de la CIDH en apoyar el Estado a avanzar con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Asunción, 17 de octubre de 2019
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