El ministro de Relaciones Exteriores, embajador Antonio Rivas Palacios, y el procurador general de la República, Sergio Coscia, concurrieron esta mañana ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales del Senado, para brindar explicaciones y aclaraciones sobre las actuaciones realizadas en Uruguay para solicitar la extradición de Juan Arrom, Anuncio Martí y Victor Colman, prófugos de la justicia paraguaya por el delito de secuestro. Señalaron que para la salida de los procesados de Uruguay a Finlandia primaron actitudes y criterios políticos antes que los jurídicos.
“Esta convocatoria nos permite dar la versión del Poder Ejecutivo y para nosotros es importante mostrar las acciones realizadas por el Gobierno, la Fiscalía y la Cancillería como vía diplomática en cuanto a preparación y entrega de documentos. Tanto la Cancillería Nacional, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Embajada del Paraguay en Montevideo actuaron conforme a las reglas que demandan este tipo de acciones”, manifestó el ministro Rivas Palacios ante los congresistas.
Informó que el principio de confidencialidad aplicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los Estados signatarios de la Convención, en cualquier procedimiento de refugio y especialmente en relación al país de origen del solicitante, fue un impedimento en todo momento para que la República del Paraguay pueda tener acceso a información.
Mencionó que incluso la Ley 18.076, Derecho al Refugio y a los Refugiados del Uruguay, establece que la violación de la confidencialidad será castigada con una pena de tres meses a tres años de penitenciaría, y considerando que la República del Paraguay no es reconocida como parte en el proceso de refugio, cualquier información sobre el proceso se hallaba vedada a su acceso.
El canciller Rivas Palacios manifestó que todas las situaciones mencionadas imposibilitaron a la República del Paraguay esgrimir argumentos jurídicos o de hecho, tanto en el procedimiento de reconocimiento de carácter de refugiados en la República Oriental del Uruguay como en el reasentamiento gestionado por el ACNUR en Finlandia, al no ser parte en estos procesos.
Lamentó que la Fiscalía uruguaya no haya presentado la apelación correspondiente, porque contaron con todas las documentaciones arrimadas en las que se fundamentaban el pedido de extradición de las tres personas.
Dijo que la CORE, que es una entidad conformada por el vicecanciller del Uruguay, representantes del ACNUR, miembros del legislativo, entre otros, emitieron un informe que permitió a la jueza conceder el estatus de refugiado y rechazar la extradición solicitada por la República del Paraguay. “Lamentamos que continúe vigente en el Uruguay lo que dijo en el 2012 el expresidente Mujica, que lo político está por encima de lo jurídico”, puntualizó.
ENÉRGICAS PROTESTAS. El Canciller señaló que tras la salida de Uruguay de los prófugos de la justicia paraguaya a Finlandia, se procedió a realizar las enérgicas protestas pertinentes en todos los foros internacionales donde Paraguay tiene participación, comenzando el día 10 de octubre en Roma ante el mismo vicecanciller de Uruguay.
También se hicieron protestas ante el gobierno de Finlandia a través de nuestro embajador en las Naciones Unidas, ante la Organización de las Naciones Unidas a través de la Secretaria General adjunta por la actitud de ACNUR,otra protesta fue presentada ante ACNUR-Madrid, porque sus funcionarios estuvieron esperándoles a los procesados en el aeropuerto de Barajas.
Mencionó que ayer el embajador Miguel Angel Romero de nuestra embajada en Santiago de Chile realizó la protesta en la asamblea general de Interpol, por la actitud de las autoridades, especialmente del Centro de Control de Ficheros por no levantar la notificación roja para permitir la detención de las tres personas.
Por su parte, el procurador Coscia lamentó que la jueza haya basado su decisión en el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya estaba anulada por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que falló a favor del Paraguay.
La reunión contó además con la presencia del embajador del Paraguay en Uruguay, Rogelio Benitez, quien fue llamado a consultas como medida de protesta ante el Gobierno uruguayo y permanecerá en Asunción por tiempo indeterminado
El Canciller y el Procurador también estuvieron acompañados por la ministra Patricia Frutos, directora General de Gabinete; ministra Estefanía Laterza, directora general de Política Multilateral; Abog. José Pereira, director de Asuntos Legales; ministro Julio Duarte, director de Asesoría Jurídica; ministro Juan Ignacio Livieres, director de Asuntos Consulares; y ministro Edgar Patiño, enlace diplomático con el Congreso Nacional, todos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asunción, 16 de octubre de 2019
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